II. Control preventivo provisional

La detención en flagrancia es una forma de restricción al Derecho Humano a la libertad personal más común y reiterada que realizan las policías cuando tienen conocimiento de la comisión de un hecho delictivo.

La Primera Sala de la SCJN refiere al delito flagrante como:

“Un delito flagrante es aquel (y sólo aquel) que brilla a todas luces, que es tan evidente e inconfundible que cualquiera es capaz de apreciarlo por los sentidos y llegar a la convicción de que esta en presencia de una conducta prohibida por la ley”.

En general ésta forma de detención no debería de representar mayor problema para el agente de la policía cuando justifica y narra su actuación en el IPH, porque percibe o presencia la comisión de un hecho delictivo.

Pero qué pasa en aquellos casos, en dónde se presenta una denuncia informal ante la autoridad policial de que alguien está cometiendo un delito, o cuando el comportamiento de una persona da lugar a una sospecha de que está cometiendo un delito, en ambos supuestos, no es evidente o apreciable de forma directa por los sentidos, y para que los agentes policiales puedan restringir la libertad personal o deambulatoria de una persona, primeramente deben de justificar que había una sospecha razonable objetiva. En relación a lo anteriormente expuesto, la SCJN en el Amparo en revisión 3463/2012, estableció que:

“Para que se justifique la constitucionalidad de un control preventivo provisional es necesario que se actualice la sospecha razonada objetiva de que se está cometiendo un delito y no una simple sospecha que deriva del criterio subjetivo del agente de la autoridad basado en la presunción de que por la simple apariencia del sujeto es posible que sea un delincuente”.

De tal manera que al aplicar un control preventivo provisional siempre debe estar precedido por una sospecha razonable objetiva, si ésta no se justifica el control preventivo provisional será inconstitucional.

Ahora bien, una sospecha razonable objetiva es la que tiene el policía de la comisión de un delito y deber ser acreditable empíricamente en virtud de que se justifique la presunción de que alguien está cometiendo un delito o lo acaba de cometer, ya sea porque exista una denuncia informal o anónima o porque el sujeto exteriorice acciones que objetivamente den lugar a considerar que se pretende ocultar la realización de un delito.

La sospecha razonable objetiva, no debe basarse de corazonadas, ni de factores que tengan que ver con la apariencia física de la persona, como su ropa, su forma de vestir o hablar, sino de información datos y circunstancias objetivas, por ejemplo: la hora, el lugar, el comportamiento de la persona (huida, nerviosismo, etc.) y demás circunstancias que ayuden a respaldar o justificar la actuación del
policía.

La SCJN, definió al control preventivo provisional, como:

“Son restricciones temporales al ejercicio de un derecho, las cuales no deben confundirse con una detención propiamente dicha, ya que no implican una privación del derecho de libertad personal, sino una afectación momentánea de la misma que deberá estar justificada por la autoridad y que, según se dijo en dichos precedentes, en muchos casos tiene como finalidad última la prevención, preservación o consecución de la seguridad pública”.

Este control preventivo puede ser de dos grados: grado menor y grado mayor. Es de grado menor cuando la policía limita provisionalmente el tránsito de personas y/o vehículos para solicitar información, como por ejemplo su identidad, ruta, motivos de su presencia, etcétera, en ese mismo momento ya está realizando una revisión ocular superficial exterior a la persona, pertenencias y/o vehículo.

Es de grado mayor cuando derivado de esa primera revisión ocular exterior superficial existan conductas o situaciones razonablemente sospechosas que los motiven para aplicar un registro o inspección más profundo, por ejemplo, una persona violenta o que intente darse a la fuga, puede ser objeto de un control preventivo más intenso.

En el caso de aplicar el grado mayor, es importante resaltar que la autoridad policial debe de avisar y pedir el consentimiento para realizar la inspección. Se realizará un registro forzoso si la persona no está dispuesta a cooperar o se resiste, lo anterior de conformidad con los artículos 268 y 266 respectivamente del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Cuando un agente de la policía tenga una sospecha razonable objetiva de que una persona está cometiendo un delito o de corroborar la identidad de una persona por una denuncia informal, puede restringir la libertad personal, solicitar información y realizar una revisión ocular, exterior y superficial a la persona y/o al vehículo, y si se percata de algunas circunstancias objetivas que incremente la sospecha, podrá realizar un registro más profundo, previo aviso y consentimiento de la persona, y si de esta última inspección advierten la comisión flagrante de algún delito, procederán a la detención.